Una acción de protesta simbólica terminó en un preocupante episodio de represión este viernes, cuando siete militantes de la Unión Cívica Radical fueron detenidos en el barrio de Belgrano por efectivos de la Policía Federal. La situación fue duramente criticada por referentes políticos y organismos que ven en el hecho una violación a las libertades democráticas.
Los jóvenes, de entre 20 y 27 años, estaban realizando una campaña callejera con mensajes contrarios al ajuste económico impulsado por el presidente Javier Milei. A bordo de una camioneta identificada con consignas críticas, recorrían la zona con un altoparlante que reproducía sonidos de tos y la frase: “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje”.
La intervención fue interrumpida por miembros de la Unidad de Investigación Antiterrorista, quienes procedieron a demorar a los militantes, retener sus documentos y revisar el vehículo. La situación se extendió por más de tres horas y ocurrió en cercanías de un acto político de La Libertad Avanza.
Uno de los testimonios recogidos por medios televisivos indica que la protesta no tenía como objetivo interferir en el acto oficialista. “Era una expresión simbólica y pacífica en defensa de los sectores más vulnerables, especialmente los jubilados”, explicó una de las participantes, visiblemente indignada por el operativo policial.
El hecho provocó una inmediata reacción de la UCR, que a través de un comunicado reclamó explicaciones a la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. “Exigimos que se respete el derecho a la libre expresión y se den a conocer los motivos de esta decisión arbitraria”, expresó el partido centenario.
Por su parte, Lula Levy, dirigente del espacio y candidata a legisladora, también expresó su rechazo. “Este accionar busca sembrar miedo en medio de una campaña clave para el oficialismo. No podemos naturalizar la persecución política”, señaló en su cuenta de X.
La detención arbitraria de los militantes radicales desató un nuevo foco de debate sobre el uso del aparato de seguridad con fines represivos y el respeto a las garantías constitucionales en tiempos de campaña electoral.
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