El Gobierno de Javier Milei se enfrenta a un fuerte desafío en el sector comercial, donde la paritaria firmada entre el sindicato de empleados de Comercio y las cámaras empresarias se ha convertido en un terreno de conflicto. El acuerdo, que estipula un aumento salarial del 9,6 por ciento, ha provocado una nueva ofensiva por parte del Ejecutivo, que intenta reducir este porcentaje a solo un 3 por ciento para evitar que sirva de precedente en otros sectores. Luis Caputo, ministro de Economía, pidió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que convoque a una nueva reunión entre las partes para negociar una rebaja del acuerdo.
El conflicto no solo involucra a los funcionarios del Gobierno y al gremio, sino también a los empresarios. La Cámara de Comercio (CAC) ha confirmado que pagará el aumento acordado, pero los mayoristas y los hipermercados se han mostrado reticentes a cumplir con el acuerdo hasta que sea homologado por el Gobierno. Esta situación se ha agudizado por una reciente medida del Gobierno que eliminó un beneficio que favorecía a las cámaras empresarias, lo que ha generado malestar en el sector.
La presión del Gobierno es constante. Se argumenta que no se puede permitir que los empresarios aumenten los salarios por encima de la inflación. En conversaciones recientes, Caputo dejó claro que no es viable que la CAC firme paritarias que los supermercados no puedan pagar, ya que estos representan una parte importante del empleo en el sector. De hecho, el acuerdo afecta a más de un millón de trabajadores registrados, lo que hace que el conflicto tenga una repercusión considerable en la economía.
En este contexto, el gremio de Comercio ha decidido dar a conocer el documento oficial firmado por las partes, que incluye una cláusula que obliga a los empleadores a pagar los aumentos acordados, incluso si no hay homologación gubernamental. Además, el sindicato ha advertido que si la situación no se resuelve, podría convocar asambleas en los lugares de trabajo para presionar a los empleadores.
El trasfondo de este conflicto es el intento del Gobierno de mantener las subas salariales bajo control para evitar un mayor aumento de la inflación. El acuerdo alcanzado por el gremio y los empresarios, con un aumento final de 9,6 por ciento, se convierte en un desafío para la administración de Milei, que busca reducir este tipo de incrementos para no generar más presiones inflacionarias.
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