El principal organismo encargado de brindar atención médica a jubilados y pensionados enfrenta un nuevo escándalo. La exfuncionaria Viviana Aguirre, quien formó parte del equipo de La Libertad Avanza, presentó una denuncia por presuntas irregularidades dentro del PAMI que podrían implicar delitos de corrupción y administración fraudulenta de fondos públicos.
La presentación judicial sostiene que se habrían autorizado compras sin licitación bajo el argumento de la “urgencia médica”, lo que permitía a proveedores cobrar precios desproporcionados. Aguirre indicó que se trataba de una maniobra sistemática que involucraría a la conducción del organismo, encabezada por Esteban Leguizamo y su segundo, Carlos Zamparolo.
Según la denuncia, los prestadores solicitaban autorizaciones de urgencia que eran aprobadas por la sede central del PAMI. Esa autorización habilitaba una excepción a los procedimientos de compra habituales. Una vez emitido el visto bueno, los proveedores tenían 48 horas para entregar la prestación. El problema radicaba en que, en muchos casos, el valor del servicio se multiplicaba entre siete y ocho veces en comparación con el precio normal del mercado.
La situación tomó mayor gravedad cuando se detectó que estos pedidos urgentes no respondían a verdaderas situaciones críticas de salud. Aguirre afirmó que tras una revisión interna, se constató que muchos de estos pedidos eran para prácticas médicas comunes y no urgentes. De haber entre siete y ocho solicitudes diarias, se pasó a recibir apenas una por semana, lo que puso en evidencia el presunto uso abusivo del procedimiento para beneficiar económicamente a determinados actores.
El caso pone en entredicho el manejo del dinero público en una de las instituciones más sensibles del sistema de salud argentino. La investigación avanza, y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, mientras se acumulan críticas por la posible utilización del sufrimiento de los adultos mayores con fines económicos.
Autor
