El abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como uno de los denunciantes en la investigación conocida como causa $LIBRA, presentó un pedido ante el fiscal federal Eduardo Taiano para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sea convocado a brindar declaración testimonial bajo juramento. La solicitud surge a raíz de las respuestas que Francos ofreció en su reciente exposición, las cuales, según el letrado, fueron evasivas y tendieron a proteger al presidente Javier Milei.
Dalbón planteó que el propio Francos reconoció encuentros y vínculos relacionados con el proyecto del token $LIBRA, pero que intentó restarles importancia institucional y legal. En su presentación, el abogado señaló como preocupante la falta de precisiones por parte del jefe de Gabinete respecto a los empresarios involucrados, el destino de los fondos invertidos y las compañías presuntamente beneficiadas. Según Francos, estos datos no estaban dentro del alcance del Ejecutivo ni del Estado.
No obstante, Dalbón subrayó que la causa ya cuenta con pruebas que contradicen esas afirmaciones. Detalló que en el expediente consta evidencia sobre reuniones mantenidas entre el presidente Milei y los desarrolladores del activo digital —Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Davis— tanto en oficinas oficiales como en la residencia presidencial de Olivos.
Otro punto destacado en la denuncia es la controversia en torno al contrato de adquisición de tokens. Dalbón cuestionó que Francos haya afirmado que ese documento era de acceso público antes de que fuera difundido por Milei en redes sociales, ya que, según su análisis, esto no era cierto. También criticó la falta de claridad del funcionario cuando se le preguntó sobre la procedencia del código alfanumérico del contrato: «Se limitó a responder con un evasivo ‘no sé dónde estaba'», expresó.
En el escrito, Dalbón concluyó que el testimonio brindado por Francos en el Congreso podría no coincidir con los elementos probatorios acumulados en la causa. Asimismo, advirtió que si se comprueba que hubo falsedades, omisiones o intentos deliberados de obstaculizar la investigación, el funcionario podría ser imputado por los delitos de falso testimonio y encubrimiento, conforme a los artículos 275 y 277 del Código Penal.
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