Un nuevo intento por reformar el Régimen Penal Juvenil se pone en marcha en la Cámara de Diputados, con un proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, será tratada en comisión este martes con el objetivo de conseguir dictamen y encaminar su aprobación en el recinto antes de que termine mayo.
La propuesta cuenta con el respaldo de varios bloques legislativos afines al Gobierno, incluyendo al PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores disidentes del espacio libertario. El texto final surge de la unificación de distintas iniciativas, algunas más severas, como la que proponía la imputabilidad desde los 12 años, pero que fueron fusionadas para lograr un acuerdo político que permita su avance legislativo.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se incluye la prohibición de aplicar penas de prisión perpetua a menores y la limitación del castigo máximo a 20 años de prisión, aun cuando la acumulación de delitos pudiera justificar una pena mayor. Además, se incorporan medidas que supuestamente apuntan a la resocialización del menor, como programas educativos, deportivos, tratamientos médicos y la creación de la figura de un “supervisor” encargado de acompañar al joven durante su proceso de rehabilitación.
No obstante, uno de los puntos críticos del debate gira en torno al financiamiento de estas medidas. El proyecto habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias dentro del mismo ejercicio fiscal para implementar lo dispuesto, sin detallar con precisión de qué áreas saldrán los recursos, en un contexto de fuerte ajuste económico que ya impactó en áreas como niñez, salud, educación y asistencia social.
El texto también contempla la revisión de condenas una vez cumplidos dos tercios de la pena, y establece diversas modalidades alternativas de cumplimiento, como el arresto domiciliario, instituciones abiertas o centros especializados. Para los delitos menos graves se proponen sanciones como servicios comunitarios, restricciones de acercamiento, reparación del daño y monitoreo electrónico.
La oposición a la iniciativa proviene de múltiples sectores. Diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, representantes de organizaciones de derechos humanos y referentes de la Iglesia Católica manifestaron su preocupación por lo que consideran una política punitivista que no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil. “Encerrar a un chico no resuelve el problema de fondo”, expresó el obispo Dante Braida.
El proyecto es considerado por algunos analistas como un intento del Gobierno por instalar un tema de fuerte impacto mediático en la previa de la campaña electoral, buscando capitalizar el sentimiento de inseguridad de parte del electorado. Mientras tanto, el debate sigue abierto y genera posturas encontradas en el ámbito político, social y religioso del país.
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