La discusión sobre la emergencia en discapacidad ingresará este miércoles en una etapa clave, con el tratamiento del proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto. Impulsada por el diputado Daniel Arroyo, la iniciativa apunta a garantizar fondos para servicios esenciales como salud, transporte, educación y programas sociales, en medio de un ajuste que afecta profundamente al sector.
La propuesta legislativa cobra relevancia ante el posible recorte de cientos de miles de pensiones por invalidez, una medida que forma parte del plan de reducción del gasto estatal impulsado por el gobierno nacional. En respuesta, agrupaciones vinculadas a la discapacidad se movilizarán hacia el Congreso para exigir que se apruebe el proyecto y se frene el deterioro de las condiciones de vida de miles de personas.
Según expresaron desde las entidades convocantes, el texto no sólo representa una salida a la crisis actual, sino también una herramienta jurídica que contribuiría al cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El documento propone medidas concretas como la actualización mensual de los aranceles que reciben los prestadores —hoy con un desfasaje superior al 60 por ciento— y un mayor respaldo presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente afectada por restricciones que ponen en jaque su funcionamiento.
También se plantea que la pensión no contributiva para personas con discapacidad sea compatible con el trabajo formal, un reclamo histórico de las organizaciones, que consideran que el actual esquema excluye e impide una inclusión laboral real.
Mientras tanto, el oficialismo se muestra reticente. Voceros del sector económico del Gobierno advierten que la ley implicaría un costo fiscal de 150 millones de dólares mensuales. Desde la oposición, Arroyo refuta esta visión asegurando que los fondos pueden obtenerse mediante reasignaciones internas: “Eso es lo que viene haciendo el jefe de Gabinete desde hace dos años con un presupuesto prorrogado. Lo que falta es voluntad política”, declaró.
El legislador también denunció que los trabajadores de talleres protegidos perciben sueldos de apenas 28 mil pesos mensuales, con tres meses de atraso en los pagos. Este dato fue ratificado recientemente por el ministro Guillermo Francos durante su exposición ante la Cámara baja.
De obtener dictamen favorable este miércoles, la ley quedaría lista para ser debatida en el recinto, con la expectativa de que la presión social y el reclamo de los sectores afectados incidan en su aprobación. “Falta mucho por recorrer, pero esta ley sería un paso enorme en la construcción de una sociedad más justa”, afirman las organizaciones convocantes.
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