En Junín, una de las ciudades más importantes del noroeste bonaerense, los efectos del freno a la obra pública se sienten con fuerza. La paralización de una obra esencial para el tránsito y la vida cotidiana, un paso bajo nivel sobre la avenida Rivadavia, dejó a la localidad literalmente fragmentada. Vecinos y comerciantes conviven con las consecuencias de una infraestructura inconclusa que, según denuncian, fue abandonada tras la asunción del nuevo gobierno nacional.
La construcción había comenzado en junio de 2023 con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal, reemplazando las antiguas barreras ferroviarias. La planificación indicaba un plazo de ejecución de dos años. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se discontinuó el financiamiento de obras públicas, y la empresa a cargo del proyecto se retiró dejando un avance apenas superior al 40%.

Desde entonces, Junín enfrenta una crisis urbana sin precedentes. El corte de la avenida Rivadavia, vía neurálgica de la ciudad, obliga a los residentes a realizar desvíos de varias cuadras, dificultando el traslado cotidiano y afectando gravemente la actividad comercial. “Para cruzar de un lado al otro hay que caminar cinco cuadras más, las ventas cayeron muchísimo”, expresó con preocupación Julián, dueño de un local de indumentaria.
El panorama económico se vuelve cada vez más difícil para quienes dependen del movimiento en la zona. Juan Manuel, comerciante con larga trayectoria, explicó: “Los puentes son para unir, pero cuando quedan a medio hacer, dividen. Esto nos complicó la vida. Calculo que otro gobierno lo terminará”. Algunos empresarios incluso tuvieron que cerrar sucursales, como es el caso de Walter, quien relató que su segundo local “agoniza” y que está perdiendo “el esfuerzo de una década”.
A los problemas económicos se suman los riesgos que implica tener interrumpida la principal conexión entre servicios clave: del lado opuesto al hospital se encuentran los bomberos, lo que podría generar demoras peligrosas en caso de emergencias. Frente a la falta de respuestas, un grupo de comerciantes decidió iniciar un juicio contra el Estado nacional, reclamando la reactivación urgente de la obra.
En palabras de referentes locales, la situación de Junín representa el impacto concreto de una política nacional que eliminó por completo la obra pública como motor de desarrollo. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando una solución que no aparece, y que deja a la ciudad dividida no sólo en lo físico, sino también en su vida social y económica.