En un clima de creciente tensión institucional, la Corte Suprema de Justicia decidió dar un paso clave en la causa Vialidad, uno de los expedientes más sensibles del escenario judicial argentino. El máximo tribunal solicitó un dictamen al procurador Eduardo Casal, una medida interpretada como una señal de que podría intervenir en breve para confirmar o incluso agravar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que pondría en duda su posibilidad de competir electoralmente este año.
La solicitud se centra en el recurso presentado por el fiscal de Casación, Mario Villar, quien propuso aumentar la pena de seis a doce años de prisión y aplicar la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Villar basa su pedido en la idea de que los hechos atribuidos a la exmandataria deben encuadrarse como asociación ilícita y no solo como administración fraudulenta, lo que agrava considerablemente el cuadro acusatorio.
Según fuentes judiciales, el movimiento de la Corte se produjo luego de semanas de especulación y presión mediática. En el tribunal hay actualmente 17 recursos de queja relacionados con la causa. Si bien el paso de remitir el expediente al procurador es formalmente obligatorio cuando hay una apelación fiscal, los tiempos en que se realiza no lo son, lo que le otorga a la Corte un control estratégico del calendario judicial.
La decisión no incluyó un plazo para que Casal emita su opinión, pero allegados al procurador anticipan que el dictamen podría estar listo en no más de un mes. Aunque su posición no es vinculante, su pronunciamiento será interpretado como una guía política y jurídica para los supremos. En este punto, la Corte tampoco pidió dictamen sobre los recursos presentados por las defensas, en una muestra de cómo prioriza el enfoque acusatorio sobre el argumentativo de los imputados.
La causa Vialidad se centra en el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La expresidenta fue condenada en primera y segunda instancia, pero para que esa sentencia quede firme debe pasar el filtro de la Corte. En ese proceso, los tiempos políticos son determinantes: si hay una resolución antes de los cierres de listas en agosto, y se confirma la condena con inhabilitación, Cristina Kirchner quedaría fuera del escenario electoral. De lo contrario, podría presentarse como candidata y acceder a fueros parlamentarios.
En su defensa, CFK cuestionó duramente la imparcialidad del juicio. Sostuvo que los magistrados que intervinieron tuvieron vínculos con el entonces presidente Mauricio Macri, que no se realizaron pericias técnicas adecuadas y que muchas de las pruebas fueron presentadas fuera del marco procesal adecuado. El abogado Carlos Beraldi insistió en que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que no hay elementos jurídicos sólidos que justifiquen una condena por asociación ilícita.
El trasfondo de esta causa expone la delgada línea entre justicia y política en la Argentina. La Corte Suprema, con su decisión de activar la intervención del procurador, marca el ritmo de un expediente que no solo definirá la situación judicial de Cristina Kirchner, sino también el tablero electoral del país. Todo indica que los próximos pasos de los jueces no serán meramente técnicos, sino profundamente estratégicos.
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