Veteranos de Malvinas acusan al presidente por sus declaraciones sobre la autodeterminación de los kelpers. La causa quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2.
La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina denunció al presidente Javier Milei por el delito de traición a la Patria, luego de sus declaraciones durante el acto del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La entidad considera que el discurso del mandatario promovió la autodeterminación de los habitantes del archipiélago, contradiciendo la Constitución Nacional.
La presentación judicial acusa a Milei de una serie de delitos, incluyendo «Traición, Conspiración para traición, Abuso de autoridad, Violación a los deberes como funcionario público, Incumplimiento de autoridad y Abandono del cargo», entre otros. La denuncia fue formalizada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, con base en que sus declaraciones van en contra de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
El abogado y exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, si bien aclaró que no participa de la denuncia, expresó su respaldo a los veteranos y afirmó que la Carta Magna es clara respecto a la soberanía de Argentina sobre Malvinas. A través de sus redes sociales, Fernández condenó las palabras del presidente en una fecha tan significativa para los excombatientes y recordó que la defensa de la soberanía fue una causa impulsada históricamente.
Por su parte, el presidente del Centro de Excombatientes de Tierra del Fuego, Juan Carlos Parodi, también cuestionó las declaraciones de Milei y aseguró que su discurso representa un acto de «traición a la Patria». Según expresó, aunque en su momento votó por el actual mandatario, su postura sobre Malvinas es inaceptable.
Qué dice la Constitución sobre la soberanía de Malvinas
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incorporada en 1994, reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, establece que el país mantiene su derecho soberano sobre los territorios y espacios marítimos circundantes, y que la controversia debe resolverse por la vía pacífica.
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