Este lunes caducan los contratos de 50 mil trabajadores estatales y crecen los temores sobre un nuevo recorte en la administración pública. La mayor preocupación recae en la Secretaría de Trabajo, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó una auditoría con la intención de reducir el personal en un 50 por ciento, lo que implicaría el despido de 1.600 empleados.
Los ajustes también afectarían a otras áreas, como los ministerios de Educación, Jefatura de Gabinete, Vialidad e INTA. Frente a este escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organiza vigilias en distintos puntos del país para resistir las cesantías y visibilizar el conflicto.
Desde el gremio advierten que no permitirán despidos masivos sin causa justificada y que, de ser necesario, ocuparán las dependencias que dejen trabajadores en la calle. Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, cuestionó la postura del Ejecutivo y denunció que el Gobierno opera “al margen de la Constitución y las leyes”.
En la Secretaría de Trabajo, los empleados ya iniciaron una guardia activa ante la posibilidad de recibir notificaciones de despido. Según Hernán Izurieta, delegado de ATE en el área, el objetivo es que nadie enfrente la situación en soledad.
El ajuste en el Estado viene acompañado de incentivos económicos para los funcionarios que ejecuten despidos, según establece la Decisión Administrativa 7/2025. Mientras el Gobierno acelera la reducción del sector público, los sindicatos endurecen su plan de lucha, con un paro general de 36 horas previsto para los próximos días.
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