El Gobierno ha logrado avanzar con la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, imponiendo su dominio sobre la calle y el Congreso. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una imagen de control extremo, con un Parlamento rodeado de vallas y un despliegue de seguridad que contrastó con los valores democráticos. A pesar de su victoria en términos legislativos, la administración enfrenta un deterioro en su legitimidad y una creciente presión por sus propias contradicciones.
Las posturas que en campaña parecían firmes han cambiado drásticamente. La negativa a negociar con el FMI quedó en el pasado, y ahora se busca un nuevo préstamo para sostener la economía. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el Banco Central ha perdido alrededor de 1.200 millones de dólares en tan solo una semana, lo que genera preocupación en los sectores financieros.
Mientras tanto, la oposición no logra consolidar una respuesta clara. Las protestas sociales se ven afectadas por la falta de coordinación y de estrategias efectivas. Las manifestaciones dispersas y desorganizadas contrastan con la necesidad de una resistencia estructurada. Experiencias como la Carpa Blanca de los docentes en los años ‘90 demuestran que es posible generar movilizaciones sostenidas, pero la falta de una dirección clara impide que se traduzcan en un impacto político real.
En este contexto, el 24 de marzo cobra una relevancia especial. La conmemoración del golpe de Estado se da en un marco inédito, con un escenario político que recuerda etapas de profunda crisis institucional. La tradicional marcha en Plaza de Mayo se realizará en unidad, dejando de lado diferencias menores que en otros momentos habrían fragmentado la convocatoria. La necesidad de una respuesta colectiva frente al actual panorama ha logrado primar sobre las disputas internas, confirmando que la resistencia social sigue vigente.
Autor
