Han pasado diez días desde la brutal represión en la movilización por los derechos de los jubilados, y el caso sigue sin juez asignado. A pesar de la gravedad de los hechos, con el fotoperiodista Pablo Grillo luchando por su vida tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno, la justicia aún no ha determinado quién debe investigar lo sucedido.
El expediente ha pasado por cuatro juzgados sin avances. La jueza María Servini trabó un conflicto de competencia y ahora será la Cámara Federal la que deba decidir qué magistrado se hará cargo de la investigación. La familia de Grillo, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, presentó una querella para exigir justicia y aportar pruebas clave que identifican al responsable del disparo.
Fabián Grillo, padre del fotoperiodista, se mostró indignado ante la falta de respuestas. Desde la puerta del hospital Ramos Mejía, donde su hijo sigue en estado crítico, afirmó: «Vamos a hablar en forma jurídica, es la única manera de obtener justicia». También desmintió versiones oficiales que aseguraban que el Gobierno había intentado dialogar con la familia. «Jamás nos llamaron», aseguró.
La investigación judicial se encuentra en una suerte de limbo. Distintas denuncias fueron presentadas ante los tribunales por organismos como la Procuraduría de Violencia Institucional y la Comisión Provincial por la Memoria. Sin embargo, los expedientes fueron sorteados entre diferentes juzgados sin que se designara a un juez a cargo.
Paula Litvachky, directora del CELS, advirtió sobre la necesidad de que se actúe con celeridad. «No solo debe investigarse a quien disparó contra Grillo, sino también a quienes dirigieron un operativo represivo injustificado», señaló. La presentación judicial apunta a funcionarios del Ministerio de Seguridad y a jefes de Gendarmería, exigiendo que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando.
Los hechos ocurridos el 12 de marzo dejaron un saldo de 114 detenidos y más de un centenar de heridos. Las denuncias apuntan a un accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad, que reprimieron a manifestantes pacíficos, periodistas y adultos mayores. La falta de avances en la justicia refuerza la preocupación sobre la impunidad de este tipo de operativos.
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