La participación de los jefes de la SIDE en reuniones para planificar la represión de la marcha de jubilados generó un fuerte repudio de la oposición, que advierte sobre una posible violación de la ley de Inteligencia.
El Ejecutivo nacional se enfrenta a nuevas acusaciones tras conocerse que el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, participaron de una reunión en la Casa Rosada para coordinar el operativo de seguridad previo a la marcha de los jubilados. En el encuentro, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también estuvieron el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El hecho encendió las alarmas en la oposición, que considera que la presencia de la SIDE en estas reuniones viola el artículo cuatro de la ley 25.520 de Inteligencia. Este establece que ningún organismo de inteligencia puede realizar tareas represivas ni obtener información sobre ciudadanos por sus opiniones políticas o su participación en organizaciones sociales o sindicales. Legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitaron que Bullrich, Neiffert, Kravetz y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, sean citados para dar explicaciones.
El operativo que se desplegará en la jornada de protesta tendrá un enfoque preventivo en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de frenar micros que trasladen manifestantes desde la Provincia. El oficialismo sostiene, sin presentar pruebas, que en la movilización anterior participaron grupos violentos provenientes de municipios opositores. Esta versión fue desmentida por los intendentes de Lomas de Zamora y La Matanza, pero el gobierno insiste en la estrategia y redoblará su despliegue de seguridad.
La represión de la semana pasada dejó un saldo de decenas de heridos y un fotoperiodista gravemente afectado. Pablo Grillo permanece internado tras ser impactado por una pistola lanza gases utilizada por las fuerzas de seguridad. Ante la gravedad del caso, el diputado Juan Marino presentó un habeas corpus preventivo para evitar el uso de estas armas, pero el gobierno no ha dado señales de atender el reclamo.
Otra de las preocupaciones de la oposición es el posible uso de información de inteligencia con fines políticos. Luego de la represión de la semana pasada, Bullrich justificó el ataque contra Grillo afirmando que era «kirchnerista» y que trabajaba en el municipio de Lanús, lo que genera dudas sobre la existencia de bases clandestinas con datos de militantes y manifestantes.
A esto se suma el reciente decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente, que aumentó en 7.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE, incluyendo 1.650 millones destinados a fondos reservados. Para los sectores críticos del gobierno, esta medida podría ser un indicio de un uso creciente de los servicios de inteligencia en tareas de seguimiento político y represión.
La tensión sigue en aumento, y la movilización de los jubilados será un nuevo escenario de disputa entre el oficialismo y la oposición. Mientras desde la Casa Rosada sostienen que el operativo será exitoso, legisladores y organismos de derechos humanos denuncian un avance peligroso sobre los límites de la legalidad y el uso de la inteligencia estatal con fines represivos.
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