El exintendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado por la Justicia por su supuesta participación en una asociación ilícita dedicada a la autorización irregular de 400 barrios privados en la ciudad.
Además, enfrenta cargos por incumplimiento de sus deberes como funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y falsedad ideológica. Según la investigación, durante su gestión se habría implementado un esquema en el que los desarrolladores debían contratar una empresa constructora vinculada a funcionarios de su gobierno.
Como parte de las diligencias judiciales, se realizaron allanamientos en diversas propiedades y oficinas de exfuncionarios municipales y empresarios ligados al sector de la construcción, con el objetivo de reunir pruebas sobre las presuntas maniobras irregulares.
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