Patricia Bullrich anticipa un operativo más violento y el oficialismo sostiene su estrategia de mano dura
Luego de la brutal represión en la última movilización frente al Congreso, el Gobierno no solo defiende el accionar de las fuerzas de seguridad, sino que promete redoblar la represión en la próxima marcha. “Estamos preparados para lo que venga”, advierten desde Casa Rosada, mientras miles de manifestantes se preparan para volver a las calles.
El descontento social crece, y esta vez se espera una movilización aún más amplia, con la adhesión de sindicatos y organizaciones sociales que denuncian la violencia estatal y reclaman justicia por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme.
Pese a las pruebas que evidencian el accionar irregular de las fuerzas de seguridad, el Gobierno no solo niega cualquier responsabilidad, sino que planifica una respuesta aún más dura. “Va a haber de todo, varias sorpresas que no podemos adelantar”, aseguran fuentes oficiales, anticipando un despliegue represivo de gran magnitud.
Como parte de su estrategia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará un proyecto de “Ley Antibarras”, a pesar de que en la última manifestación no se detectó la presencia de estos grupos entre los más de 100 detenidos. Este discurso busca reforzar la narrativa oficial de que las protestas están organizadas por grupos violentos, a pesar de la falta de pruebas.
En las calles, el respaldo a los jubilados reprimidos crece. Beatriz Blanco, una mujer de 81 años que fue agredida en la última marcha, confirmó que volverá a manifestarse. La adhesión de distintos sectores busca impedir que el Gobierno concrete sus amenazas y evitar nuevas escenas de violencia.
Las declaraciones de Bullrich en medios televisivos dejaron en claro que la estrategia represiva continuará. Anunció una “recompensa” para que ciudadanos envíen imágenes de manifestantes y justificó la represión con argumentos sin pruebas, acusando a opositores de intentar un “golpe de Estado”.
El viernes, en una reunión con altos mandos de seguridad y funcionarios de inteligencia, Bullrich confirmó que en el próximo operativo se podrán volver a usar las mismas armas que dejaron heridos la semana pasada. En este encuentro también participó el titular de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neiffert, lo que sugiere un seguimiento especial sobre los manifestantes.
Ese mismo día, el presidente Milei respaldó públicamente a la ministra y ratificó su política de mano dura. Durante un evento, afirmó que acelerará aún más su gestión y reiteró su eslogan de campaña, dejando en claro que la represión es parte central de su estrategia política.
Mientras tanto, el Gobierno sigue su ofensiva contra la justicia. Bullrich cuestionó el accionar de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos tras la última protesta, y en la Casa Rosada analizan presentar una denuncia en su contra.
El clima de tensión se agrava no solo en las calles, sino también en el Congreso, donde el oficialismo busca aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Paralelamente, la CGT evalúa realizar un paro general en los próximos días, como respuesta al deterioro de la situación económica y social.
El Gobierno insiste en que las manifestaciones buscan desestabilizar su gestión y repite que no permitirá un escenario similar al de 2017, cuando la represión contra los manifestantes marcó el declive de la administración de Mauricio Macri. Lejos de buscar el diálogo, desde el oficialismo apuestan por la represión como única respuesta ante el creciente descontento popular.
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