El Gobierno lanza amenazas de exclusión y castigos para quienes se movilicen en defensa de los abuelos
La escalada represiva no tiene freno. En una muestra de intolerancia y autoritarismo, el Gobierno ahora pone en la mira a los hinchas del fútbol argentino que osen sumarse a la marcha de los jubilados. Patricia Bullrich fue categórica: quienes participen podrían ser castigados con el derecho de admisión en los estadios. Además, anunció «medidas especiales» para evitar la manifestación y dejó en claro que se avecinan «cambios legislativos» para reprimir con mayor dureza.
El Gobierno entró en pánico cuando la barra de Chacarita se sumó al reclamo y convocó a otras hinchadas. En cuestión de horas, hinchas de Boca, Ferro, Tigre, Temperley, Nueva Chicago e Independiente se unieron al llamado, desatando la furia oficial. La manifestación, que exige la restitución de medicamentos, un aumento en los haberes y el fin de la represión, se convirtió en el nuevo blanco del Gobierno, que no dudó en activar su maquinaria represiva.
Bullrich no ocultó su desprecio por la protesta y lanzó una advertencia escalofriante: quienes se sumen podrían enfrentar graves consecuencias. La amenaza es directa y tiene un solo objetivo: sembrar el miedo y desactivar la movilización.
El caso de Carlos, el jubilado e hincha de Chacarita brutalmente reprimido por la policía, fue el punto de inflexión. La indignación creció cuando su historia se hizo viral, y la respuesta de los hinchas no tardó en llegar. Sin embargo, en vez de garantizar derechos, el Gobierno eligió la represión, intensificando el hostigamiento y criminalizando la protesta social.
Con estas medidas, el mensaje de la Casa Rosada es claro: no permitirá que los jubilados y sus aliados levanten la voz. La amenaza está sobre la mesa y la persecución ya comenzó. ¿Lograrán acallar el reclamo popular o despertarán una respuesta aún más fuerte en las calles?
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