El escándalo financiero de $Libra no solo ha generado impacto a nivel judicial, sino que también ha tenido repercusiones en el ámbito político. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció al respecto, calificando a Milei como un «estafador global, rodeado de coimeros locales». A través de sus redes sociales, señaló que las denuncias internacionales evidencian la magnitud del fraude y advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar el gobierno.
En el Congreso argentino, el tema ha sido abordado de manera limitada. La comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados realizó una reunión con expertos en finanzas digitales y criptomonedas, aunque la convocatoria solo contó con la presencia de legisladores de algunos bloques opositores. La mayoría de los representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR optaron por no participar.
Por su parte, la defensa del gobierno se ha basado en argumentar que no existió delito, a pesar de las pruebas que señalan que $Libra no tenía presencia en el mercado antes de que el presidente promoviera su inversión en redes sociales. Un informe presentado en Diputados sostiene que la criptomoneda se valorizó artificialmente tras el mensaje de Milei, permitiendo que un grupo reducido de inversores obtuviera millonarias ganancias en un corto periodo de tiempo.
En paralelo, el temor del Ejecutivo radica en la posibilidad de que Hayden Mark Davis, uno de los principales responsables del esquema, decida colaborar con la justicia estadounidense y brinde información comprometedora sobre los vínculos entre los operadores de $Libra y el círculo cercano del presidente. Mientras tanto, la estrategia oficial parece centrarse en evitar declaraciones al respecto y confiar en que las investigaciones avancen lentamente en el ámbito local.
El caso $Libra sigue sumando denuncias en diferentes tribunales del mundo, con presentaciones en Manhattan, Washington, La Florida y Los Ángeles. La incertidumbre crece en la Casa Rosada ante la posibilidad de que el escándalo no solo tenga consecuencias legales, sino que también impacte en la relación con Washington y en la credibilidad del gobierno ante la comunidad internacional.
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