La reciente ola de despidos en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) pone en riesgo los avances logrados en la limpieza del río más contaminado del país. Con más de 350 trabajadores cesanteados, la continuidad del Plan Integral de Saneamiento Ambiental se encuentra en duda.
Desde su creación en 2006, Acumar ha tenido la responsabilidad de controlar y sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo, una zona altamente urbanizada e industrializada. La entidad se encarga de fiscalizar industrias, eliminar residuos del río, realizar tareas de desinfección y asistir a la comunidad afectada por la contaminación.
La eliminación de puestos clave dentro del organismo genera preocupación entre expertos y trabajadores, quienes advierten que la falta de inspectores y equipos técnicos debilitará las tareas de control ambiental. Sin la capacidad de fiscalización adecuada, existe el riesgo de que industrias vuelvan a verter desechos contaminantes sin restricciones.
Además, la reducción de personal impacta directamente en la comunidad, ya que Acumar no solo fiscaliza, sino que también desarrolla programas de asistencia a los habitantes de la cuenca. «Sin los equipos técnicos, no se puede continuar con las tareas de recomposición ambiental ni con el seguimiento de las familias afectadas», señaló una trabajadora despedida.
Desde el Ministerio de Ambiente, se advirtió que el recorte en Acumar representa un retroceso en materia ambiental y social. «Desmantelar Acumar es un hecho irresponsable que implica un retroceso ambiental enorme», expresó la ministra Daniela Vilar.
Organizaciones ambientalistas y gremios advierten sobre el impacto a largo plazo de estos despidos y exigen una revisión de las medidas adoptadas. Mientras tanto, la comunidad afectada sigue a la espera de respuestas sobre el futuro del saneamiento del Riachuelo.
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