El avance del Gobierno sobre la independencia de los poderes del Estado ha dejado en evidencia la postura pasiva del sector empresarial, que por años clamó por seguridad jurídica y hoy mantiene un silencio conveniente. La designación de jueces por decreto y el escándalo de la criptoestafa no generaron más que tímidas reacciones de las entidades que representan al poder económico, lo que refleja una preocupante falta de coherencia en sus discursos.
Las principales cámaras empresariales, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), optaron por no pronunciarse sobre estos hechos, mientras que la Cámara Argentina de Comercio (CAC), una de las más afectadas por la caída del consumo, evitó la cuestión y centró su agenda en la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Incluso AMCHAM e IDEA, que sí emitieron comunicados, lo hicieron con textos tibios y sin mayor impacto en la opinión pública.
La falta de reacción ante los decretos que colocaron a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema, sin el debido proceso constitucional, pone en cuestión la verdadera preocupación de estos grupos por la estabilidad institucional. En el pasado, estas mismas entidades se mostraban implacables con gobiernos de otro signo político, denunciando avances sobre la Justicia que en comparación resultaban menores.
El contraste con la postura adoptada en administraciones anteriores es notorio. Durante el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández, las cámaras empresariales se mostraban activas y críticas, llegando incluso a conformar el Foro de Convergencia Empresarial para denunciar la falta de seguridad jurídica y otras supuestas irregularidades. Sin embargo, ahora parecen haber encontrado en el actual Ejecutivo un aliado, aun cuando sus decisiones contradigan los valores republicanos que históricamente defendieron.
Los documentos publicados por IDEA y AMCHAM apenas mencionan el debilitamiento institucional, sin condenas firmes ni llamados a la acción. Mientras tanto, la realidad demuestra que el sector económico no tiene reparos en aceptar medidas que beneficien sus intereses, aun a costa de la independencia judicial y la democracia.
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