El intento del presidente Javier Milei de avanzar con la intervención de la provincia de Buenos Aires generó un amplio rechazo en el arco político y social, con expresiones de apoyo a Axel Kicillof por parte de dirigentes, sindicatos y legisladores de distintas fuerzas.
La polémica estalló luego de que Milei pidiera públicamente la renuncia del gobernador bonaerense, tras el asesinato de una menor de edad en La Plata. En sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la provincia se encuentra en una crisis de inseguridad y que su administración resolvería el problema en un año si se le permite intervenir el distrito.
Kicillof no tardó en responder, acusando al presidente de intentar un atropello institucional. «Deje de lado sus delirios autoritarios y reúna un equipo de trabajo serio», sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa en la que participaron dirigentes de distintos espacios políticos. También anticipó que presentará una denuncia por delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos.
La iniciativa de Milei provocó una fuerte reacción dentro del peronismo, logrando una tregua en medio de las diferencias internas. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner expresaron su rechazo a lo que consideraron un «ataque directo a la democracia». Desde la CGT y otros sindicatos también repudiaron la amenaza presidencial y exigieron respeto por la autonomía de las provincias.
Incluso en el ámbito opositor hubo reacciones divididas. Mientras el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró en desacuerdo con la propuesta de intervención, otros dirigentes del PRO optaron por el silencio. En tanto, referentes del radicalismo, como Martín Lousteau y Maximiliano Abad, cuestionaron la actitud de Milei y defendieron el respeto por las instituciones.
El conflicto tomó aún más relevancia al coincidir con la publicación de una investigación en la que se señala que personas cercanas al presidente habrían solicitado pagos en dólares a empresarios del mundo de las criptomonedas a cambio de favores políticos. Este escándalo internacional ha puesto al gobierno de Milei bajo la lupa de organismos judiciales extranjeros.
La ofensiva del presidente contra la provincia de Buenos Aires también trajo cuestionamientos desde el Congreso. Legisladores de Unión por la Patria advirtieron que esta actitud se enmarca en una estrategia de concentración del poder y una intención de gobernar sin intermediación parlamentaria. «Si no frenamos esto ahora, en el futuro habrá más víctimas de estas maniobras», expresaron desde la Cámara de Diputados.
Por su parte, el gobernador bonaerense insistió en que la crisis de seguridad está vinculada al narcotráfico y responsabilizó al gobierno nacional por la falta de medidas en este sentido. «La provincia no produce droga, el problema viene de las fronteras y de la falta de controles, que son responsabilidad de la Nación», afirmó Kicillof.
El enfrentamiento entre Milei y Kicillof se inscribe en un clima de tensión creciente entre el Ejecutivo nacional y las provincias. La posibilidad de una intervención no solo enfrenta obstáculos legales, sino que también ha despertado el rechazo de sectores políticos y sociales que advierten sobre el riesgo de un avasallamiento institucional.
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