Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una fuerte controversia al incluir términos despectivos y en desuso para referirse a personas con discapacidad intelectual. La publicación en el Boletín Oficial desató el repudio de organizaciones del sector y especialistas, quienes cuestionaron la falta de actualización en la terminología utilizada.
El documento, firmado por el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, establecía nuevas condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. Sin embargo, el lenguaje empleado generó indignación, ya que se refería a distintos grados de discapacidad con palabras como «idiota», «imbécil» y «débil mental». Estas expresiones han sido descartadas hace más de 70 años por la comunidad médica y académica.
La reacción de los colectivos de personas con discapacidad no tardó en llegar. Alejandro Cytrynbaum, de ASDRA, expresó su asombro e indignación al leer la resolución. «Es un ataque gratuito y una falta de respeto absoluta», afirmó. Por su parte, Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), consideró que este hecho evidencia un «retroceso sin precedentes» en materia de derechos.
Un contexto de recortes y restricciones
Más allá del escándalo por los términos utilizados, el trasfondo de la resolución es el ajuste en el sistema de pensiones por discapacidad. El Gobierno ya había anunciado en el proyecto de presupuesto 2025 la intención de reducir al menos 200 mil de estos beneficios. Además, en los últimos meses, miles de personas con discapacidad han sido notificadas para someterse a revisiones médicas y determinar si continúan percibiendo la pensión.
Desde el Gobierno se emitió un comunicado admitiendo el «error» en la redacción de la resolución y comprometiéndose a corregirla para adecuarla a los estándares médicos y normativos actuales. Sin embargo, se aclaró que el resto de la norma, incluidas las nuevas condiciones de acceso a las pensiones, seguirá vigente.
Para las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, la rectificación es insuficiente. «Más allá del lenguaje ofensivo, el problema es el recorte de derechos. No hay disculpas posibles si el ajuste sigue en pie», concluyó Cytrynbaum.
Autor
