El escándalo en torno a la criptomoneda LIBRA llegó a la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde expertos en finanzas digitales expusieron sobre la estafa multimillonaria y la posible responsabilidad del presidente Javier Milei. Durante la sesión, se remarcó que las advertencias previas sobre el riesgo de este tipo de inversiones no fueron escuchadas por el Gobierno.
El debate, liderado por el diputado Pablo Carro, se desarrolló en un contexto de ausencias notables: los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR no asistieron, alineándose con la postura oficial de minimizar el tema. En simultáneo, se anunció la designación de jueces para la Corte Suprema, lo que algunos interpretaron como una distracción política para restar atención al caso.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del abogado Laureano Bielsa, quien afirmó que «el problema no es la tecnología, sino los estafadores». Explicó que el presidente utilizó su cuenta oficial para promover una memecoin que no tiene capacidad real de financiamiento productivo.
El ingeniero Fernando Molina explicó, con un análisis detallado, cómo se llevó a cabo la maniobra fraudulenta, donde personas con información privilegiada compraron LIBRA antes del tuit de Milei y luego vendieron con grandes ganancias en dólares. «No es un casino, para que uno gane, otro tiene que perder», sentenció.
Santiago Siri, referente del sector tecnológico, expuso tres razones por las cuales la intervención del presidente no puede considerarse solo una «difusión», sino una promoción activa: hubo un llamado a la acción, un lenguaje elogioso y un posible beneficio económico para ciertos actores. También reveló que intentó acercar al Gobierno a expertos como Vitalik Buterin, pero su propuesta fue ignorada.
El programador Maximiliano Flirtman y la periodista Emilse Garzón coincidieron en que la estafa era evidente y que quienes denunciaron el esquema fraudulento fueron desoídos. Flirtman insistió en que el evento en el que se promocionó LIBRA fue una puesta en escena para engañar a pequeños inversores.
La defensa más moderada del oficialismo vino de Gustavo Nigohosián, contador cercano a Milei, quien señaló que la existencia de un fraude debe ser determinada por una autoridad competente. Sin embargo, su vínculo con el presidente genera dudas sobre su imparcialidad en el análisis.
Por último, Mariano Biocca, de la Cámara Argentina Fintech, puso en perspectiva la relevancia del ecosistema cripto en Argentina y la necesidad de regulación para evitar que fraudes como el de LIBRA perjudiquen su crecimiento.
Las exposiciones dejaron en evidencia que el escándalo trasciende lo económico y tiene implicancias políticas y judiciales, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin dar respuestas concretas sobre el rol del presidente en la promoción de una criptomoneda que terminó en estafa.
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