El intento del Gobierno de transformar el Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima sufrió un nuevo revés judicial. El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25, al considerar que el Ejecutivo habría sobrepasado los límites impuestos por el Congreso en la Ley Bases.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el cual ordenó al Estado Nacional y al Banco Nación abstenerse de realizar cualquier acción destinada a implementar el decreto. Además, el fallo exige a las autoridades gubernamentales que presenten un informe en un plazo de cinco días explicando el interés público comprometido en la transformación del banco.
El decreto impulsado por el Ejecutivo recibió duras críticas desde distintos sectores. La Asociación Bancaria manifestó su «absoluto rechazo» a la medida y denunció que la intención de vender una institución sólida y rentable solo podría responder a intereses privados. “Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio”, expresó el gremio liderado por Sergio Palazzo.
Desde el ámbito político, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis también cuestionó la decisión gubernamental, advirtiendo que la conversión del Banco Nación en sociedad anónima pondría en riesgo a miles de pequeñas y medianas empresas y a productores agropecuarios que dependen de su financiamiento.
Esta no es la primera vez que la Justicia interviene para frenar una privatización encubierta del Banco Nación. En septiembre de 2024, el mismo magistrado dictaminó que el Ejecutivo no podía avanzar en la venta de la entidad sin la aprobación del Congreso. En aquella ocasión, Ramos Padilla subrayó que cualquier modificación en la estructura jurídica del banco debía ser decidida por el Poder Legislativo, ya que la Constitución establece que su creación y modificación son atribuciones exclusivas del Congreso.
El fallo actual refuerza la postura de que el Banco Nación debe mantenerse bajo control estatal y marca un nuevo obstáculo para el Gobierno en su intento de reformar el sistema financiero a través de decretos.
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