El programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer fue desmantelado por decisión del Gobierno, lo que ha generado un fuerte rechazo en el ámbito de la salud. Profesionales del sector advierten que esta medida dejará a miles de pacientes sin atención especializada para el tratamiento del dolor y el acompañamiento en enfermedades oncológicas avanzadas.
Mariana Pechenik, médica especializada en cuidados paliativos, expresó su preocupación por la eliminación de este programa y alertó sobre sus consecuencias. A través de sus redes sociales, lamentó la decisión gubernamental y destacó que el Instituto Nacional del Cáncer tenía un papel clave en la capacitación de profesionales, la distribución de medicamentos esenciales y el apoyo a los equipos médicos en todo el país.
En su mensaje, Pechenik explicó que este organismo era el principal responsable de formar recursos humanos en el área de cuidados paliativos mediante becas y cursos. Además, proporcionaba morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país, asegurando el acceso a estos tratamientos en las provincias con mayores dificultades económicas.
Uno de los puntos más críticos del recorte es la suspensión de la compra de opioides, lo que afectará directamente la calidad de vida de los pacientes que dependen de estos medicamentos para controlar el dolor. A esto se suma el despido de seis de los ocho integrantes del equipo que llevaba adelante el programa, lo que representa una drástica reducción en la capacidad operativa de la institución.
La médica subrayó que la eliminación del programa traerá como consecuencia un incremento en la prevalencia del cáncer sin el acompañamiento adecuado, lo que profundizará el sufrimiento de los pacientes. Además, sostuvo que antes de este ajuste, tanto el Instituto Nacional del Cáncer como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos trabajaban para mejorar la respuesta del sistema sanitario en esta área, combatiendo la falta de formación y recursos en cuidados paliativos.
Por último, Pechenik calificó la decisión como un «descuidado profundo a nuestros derechos humanos» y lamentó que se haya desarticulado un programa que garantizaba acceso a tratamientos esenciales para quienes más lo necesitan.
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