Una denuncia penal contra Edesur S.A. fue presentada ante la Justicia Federal, acusando a la compañía y a sus directivos de graves irregularidades en la administración del servicio eléctrico. Entre los delitos señalados se encuentran defraudación en perjuicio del Estado, incumplimiento de deberes públicos y asociación ilícita. La presentación también incluye un pedido para que se designe un interventor que asuma el control de la empresa.
El abogado denunciante argumenta que la compañía ha sido administrada de manera fraudulenta, sin realizar inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad. Como prueba, presentó un extenso registro de reclamos por cortes de suministro, algunos de los cuales se extendieron por varios días sin solución efectiva.
Falta de respuesta y perjuicio a los usuarios
El documento señala que los directivos de Edesur tienen conocimiento de la crítica situación del servicio, pero han optado por no tomar medidas adecuadas. Además, se denuncia el maltrato hacia los usuarios, a quienes la empresa no brinda respuestas satisfactorias, archivando reclamos sin resolverlos o solucionándolos solo parcialmente.
Según un informe del ENRE, la red de distribución eléctrica operada por Edesur se encuentra en condiciones críticas. La infraestructura actual funciona al límite de su capacidad, sin margen para responder a fallas, lo que aumenta el riesgo de apagones masivos. Más del 60% del equipamiento de alta tensión es anterior a 1980, y la propia empresa ha admitido que sus inversiones no cubren las necesidades del servicio.
Posibles maniobras fraudulentas
Otro de los puntos claves de la denuncia es el manejo de los recursos financieros. Se acusa a la empresa de no haber abonado en su totalidad las facturas a CAMMESA, desviando los fondos obtenidos del cobro a los usuarios y generando un perjuicio económico millonario tanto para el Estado como para los consumidores. Además, se señala la presunta apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante maniobras financieras irregulares.
Intervención y medidas cautelares
En el marco de la denuncia, se solicitó que la Justicia decrete la intervención inmediata de Edesur y ordene la instalación obligatoria de generadores eléctricos en casos de cortes prolongados.
Además, se pidió que se prohíba la salida del país a los dueños y directivos de la empresa, así como la inhibición general de sus bienes, con el objetivo de garantizar la reparación de los daños ocasionados por la presunta mala gestión de la concesionaria.
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