El presidente Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió el poder. El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, que él mismo promocionó en sus redes sociales, lo ha puesto en el centro de una tormenta que amenaza con arrasar su credibilidad. Luego de intentar desentenderse del fraude millonario, el mandatario se vio obligado a anunciar que se someterá a la Oficina Anticorrupción y que se creará una unidad especial para investigar el caso.
El problema se tornó insostenible cuando se reveló que el Gobierno había mantenido reuniones con la empresa KIP Protocol, desarrolladora de la criptomoneda, desde octubre de 2024. Esta revelación echó por tierra la versión de Milei, quien intentó minimizar su relación con el proyecto, asegurando que se trataba de una iniciativa para «financiar emprendimientos privados en la República Argentina».
Sin embargo, el desplome de $LIBRA, tras una abrupta suba impulsada por la promoción presidencial, dejó en evidencia que el Gobierno estaba mucho más involucrado de lo que intentó hacer creer. En respuesta al escándalo, la Casa Rosada anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que analizará el caso y entregará los resultados a la Justicia.
Mientras la indignación crece entre los afectados por la estafa, la pregunta que resuena en el ámbito político y financiero es una sola: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Presidente en este fraude? Con el escándalo alcanzando dimensiones impensadas, Milei se encuentra en una situación límite, y su futuro político podría depender de lo que arroje la investigación.
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