La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue interpelada en Salta por familiares de gendarmes que le exigieron mejoras salariales y le advirtieron que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas. En respuesta, la funcionaria prometió la entrega de viviendas a través del plan Procrear, un programa que el propio gobierno de Javier Milei desmanteló a fines de 2024.
El hecho se registró en la localidad de Aguas Blancas, donde Bullrich acudió para supervisar la construcción de una barrera fronteriza de 200 metros en la zona limítrofe con Bolivia. Durante su visita, un grupo de manifestantes conformado por familiares de efectivos de Gendarmería le expresó su malestar por la difícil situación económica que atraviesan.
Uno de los reclamos más contundentes lo hizo el padre de un gendarme, quien le explicó a la ministra que su hijo no tiene suficiente dinero para mantener a su familia debido a los altos costos del alquiler. “Gana $750.000 por mes, tiene dos hijos y el alquiler le cuesta $450.000. Con el aumento del 5% no le alcanza. No tienen para comer”, sostuvo el hombre visiblemente afectado.
Ante este reclamo, Bullrich respondió asegurando que el gobierno está trabajando en soluciones habitacionales para el personal de seguridad. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nos den planes Procrear. Ténganme confianza, porque yo estoy con ustedes”, dijo la funcionaria, quien insistió en que “los alquileres los vamos a ir cambiando por casas del plan Procrear”.
No obstante, la afirmación de la ministra generó sorpresa, ya que el programa Procrear fue eliminado en noviembre de 2024 por decisión del gobierno de Milei mediante el Decreto 1018/2024. En aquel momento, se anunció que los terrenos y viviendas en construcción del programa pasarían a formar parte del mercado privado, con el argumento de ampliar la oferta inmobiliaria.
Además, el desmantelamiento de políticas habitacionales por parte del gobierno se profundizó este martes con la publicación del Decreto 70/2025, que oficializó la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La normativa establece que la responsabilidad en materia de vivienda recaerá en provincias, municipios y empresas privadas, dejando en incertidumbre a miles de familias que esperaban acceder a un hogar mediante programas estatales.
El reclamo de los familiares de gendarmes expuso las dificultades económicas que enfrenta el personal de seguridad, al mismo tiempo que dejó en evidencia la contradicción en las promesas oficiales. La referencia de Bullrich a un programa inexistente subraya la falta de un plan concreto para atender la crisis habitacional y salarial que atraviesan los efectivos.
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