El Gobierno nacional decidió eliminar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, en el marco de su plan de ajuste fiscal. La medida generó fuertes repercusiones en el sector de la construcción, ya que llevó a la paralización de más de 103.000 obras y la suspensión de 1.800 convenios.
De acuerdo con estimaciones de los gremios de la construcción, la decisión afectó directamente a 170.000 trabajadores del rubro, mientras que otros 400.000 empleos indirectos también sufrieron las consecuencias. Además, denunciaron que existen 15.000 viviendas ya terminadas que no fueron entregadas a quienes las necesitan.
Con la disolución de la Secretaría, sus programas y proyectos serán absorbidos por la Secretaría de Obras Públicas, que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esto significa una mayor centralización del poder en esta cartera, que ahora cuenta con 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la medida no solo deja a 500 empleados sin trabajo a partir de marzo, sino que también pone en peligro planes de vivienda fundamentales como Procrear, Casa Propia y Fonavi. Los sindicatos y diversos sectores sociales alertaron sobre el impacto de esta decisión en el acceso a la vivienda y en el desarrollo de obras clave para el país.
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