El Gobierno nacional mantiene su postura de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, argumentando que todas las vidas deben valer lo mismo ante la ley. Sin embargo, las estadísticas del primer mes del año exponen una realidad preocupante: en enero de 2025, se registraron 28 femicidios en el país, lo que significa que una mujer fue asesinada cada 26 horas como consecuencia de la violencia de género.
El informe elaborado por el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» arrojó datos contundentes sobre la situación: el 60% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 70% de los crímenes ocurrieron en el hogar de la mujer. Estos números confirman que la violencia de género se sigue manifestando con mayor crudeza en el ámbito doméstico.
Otro aspecto que revela la magnitud del problema es el impacto en las familias de las víctimas. Según el relevamiento, 27 niñas y niños perdieron a sus madres debido a estos asesinatos, y casi la mitad de ellos son menores de edad. También se registraron casos de femicidas con antecedentes previos: cinco de las víctimas habían presentado denuncias, dos agresores tenían medidas cautelares en su contra y cuatro de los femicidas eran o habían sido miembros de fuerzas de seguridad.
La provincia de Buenos Aires encabezó la lista con el mayor número de femicidios, seguida por Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de 15 años, La Casa del Encuentro documenta estos casos y sus informes han servido como base para la creación de políticas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género.
El debate en torno a la eliminación de la figura del femicidio cobró fuerza tras las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde criticó la diferenciación de estos crímenes y sugirió que su existencia implicaba un trato desigual ante la ley. Sus palabras fueron respaldadas por el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien aseguró que el Gobierno avanzaría con la eliminación de esta figura.
Las declaraciones oficiales generaron un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad. Especialistas en derecho advirtieron que, si la medida se concreta, podrían beneficiarse con la libertad cientos de femicidas condenados, debido a la aplicación del «principio de la ley más benigna». A pesar de la polémica y la masiva oposición que se expresó en movilizaciones recientes, fuentes oficiales aseguraron que el Ejecutivo mantiene su plan de avanzar con una «agenda antifeminista» que incluiría la eliminación de esta figura legal.
Mientras el Gobierno insiste en modificar el Código Penal, las organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género remarcan la importancia de contar con herramientas específicas que permitan abordar estos crímenes con un enfoque diferencial. Las cifras de enero reflejan una problemática estructural que aún requiere respuestas efectivas por parte del Estado.
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