La reciente resolución de la Corte Suprema que habilita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para revisar causas que pertenecen a la justicia nacional ha desatado una ola de críticas en el ámbito judicial. Diversas cámaras de la justicia nacional han expresado su rechazo, argumentando que esta medida afecta la independencia del poder judicial y vulnera principios constitucionales fundamentales, como el derecho al acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
La Cámara Civil fue una de las primeras en alzar la voz contra la decisión de la Corte, emitiendo una acordada que rechaza la aplicación del fallo que permite al TSJ intervenir en casos civiles, laborales, penales y comerciales. En su argumentación, los jueces sostienen que este fallo trastorna la división de poderes y genera un escenario de incertidumbre jurídica que podría afectar a los litigantes, aumentando los costos y los tiempos de resolución de los procesos judiciales. Según la Cámara Civil, estos temas deben ser tratados por el Congreso y no por el máximo tribunal, ya que la Constitución no contempla un traspaso de competencias de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además de la Cámara Civil, otras organizaciones y actores del ámbito judicial, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, han mostrado su descontento. Esta Asociación, que representa a jueces, fiscales y defensores, presentó un recurso de revocatoria ante la Corte Suprema, solicitando la revisión de su decisión en varios casos clave, incluido el de la deuda del Correo de la familia Macri, un tema que se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia. La Asociación destaca que la resolución de la Corte contraviene su propio precedente y que, al otorgar al TSJ porteño competencias que no le corresponden, se está vulnerando la Constitución.
El Procurador General interino, Eduardo Casal, también se sumó a las objeciones, solicitando que se suspenda la aplicación del fallo, ya que considera que los fiscales nacionales no pueden litigar en los tribunales de la Ciudad. La situación ha generado preocupación en la Corte Suprema, que se reunirá en los próximos días para evaluar las implicancias de su decisión. A pesar de las críticas, aún no está claro si el máximo tribunal modificará su postura o si continuará con la implementación de la medida, que algunos consideran un cambio estructural en el sistema judicial argentino.
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