En un contexto de ajustes económicos impulsados por el Gobierno, la Justicia determinó que no se pueden eliminar ni reducir los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género. La resolución 11167/2024, emitida por la Sala Feria A de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la validez de una medida cautelar que impide cualquier intento de recorte en estas políticas fundamentales.
El Ejecutivo había solicitado habilitar la feria judicial para apelar esta medida, pero su solicitud fue rechazada. El fallo establece que el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo deben abstenerse de realizar reducciones de personal e infraestructura en las áreas destinadas a combatir la violencia de género, así como garantizar la continuidad de la producción de datos y estadísticas sobre el tema.
La acción judicial fue impulsada por diversas organizaciones, entre ellas Ni Una Menos (NUM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Estas entidades exigen claridad sobre los programas que seguirán vigentes y las estrategias que el Estado implementará para cumplir sus compromisos legales e internacionales en materia de género.
Además, el fallo reconoció a las organizaciones como legítimas representantes de las víctimas de violencia de género, marcando un hito en la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esta decisión no solo frena los intentos de ajuste, sino que subraya la importancia de cumplir con las normativas internacionales a las que Argentina está adherida.
Este antecedente judicial se convierte en una señal clara para el Gobierno y la sociedad sobre la necesidad de priorizar políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables frente a las violencias de género.
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