La falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina continúa generando críticas y divisiones internas en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aunque el nuevo sistema de cálculo fue completado en 2023 y validado por organismos internacionales como el FMI, el gobierno de Javier Milei decidió no implementarlo. Según expertos, esta decisión subestima los consumos actuales y afecta el análisis de la inflación y otros indicadores económicos clave.
Martín González Rozada, economista de la Universidad Di Tella, expuso en su cuenta de la red social X cómo la metodología actual, basada en la Encuesta de Hogares de 2004-2005, distorsiona los resultados. En sus cálculos, la inflación de 2024 habría alcanzado un 134 % con los datos actualizados, 16 puntos más que la cifra oficial de 117 %. Este desfase no solo influye en la percepción de la inflación, sino también en el cálculo de variables como las jubilaciones, que habrían aumentado significativamente con una medición más precisa.
El INDEC informó recientemente que los servicios tuvieron un incremento del 190 % en 2024, mucho mayor que el 96 % registrado en bienes, como alimentos. La metodología desactualizada reduce la relevancia de estos servicios en la canasta básica, afectando directamente la capacidad de los hogares para afrontar sus gastos. Este problema también se refleja en las diferencias persistentes entre el IPC Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que utiliza datos más recientes.
La demora en la implementación del nuevo IPC ha sido atribuida a razones políticas. Funcionarios como Marco Lavagna, exdirector del INDEC, han manifestado su frustración ante la falta de avances, señalando que la herramienta estaba lista para aplicarse desde noviembre de 2023. Sin embargo, las presiones desde la Casa Rosada evitaron su publicación, priorizando el discurso oficial de una inflación controlada. Incluso se desarrolló una calculadora virtual para que las familias estimen su propia inflación, reconociendo implícitamente las limitaciones del sistema vigente.
El despido de Analía Calero, quien lideró el desarrollo del nuevo IPC, y las declaraciones de Pedro Lines, un técnico cercano a los libertarios, confirman las divisiones dentro del organismo. La falta de actualización plantea no solo una cuestión técnica, sino también ética, al mantener cifras que no reflejan con precisión la realidad económica del país.
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