La Iglesia de Mar del Plata denuncia la política de desalojos del intendente Montenegro

La postura del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de realizar desalojos de personas en situación de calle con intervención policial en Mar del Plata, continúa generando controversia. En esta ocasión, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones del Obispado emitieron un comunicado en el que expresaron su «preocupación y dolor» por los operativos realizados, y cuestionaron fuertemente las políticas implementadas por el jefe comunal, acusándolas de tener un enfoque «excluyente y violento».

Las organizaciones religiosas subrayaron que la actuación del municipio refleja una falta de respeto a la dignidad de las personas más vulnerables. A través de su mensaje, señalaron que las personas en situación de calle no deben ser vistas como un problema, sino como seres humanos merecedores de respeto y asistencia.

El comunicado hace un llamado a la reflexión sobre las causas profundas de la pobreza y la exclusión social, tales como el desempleo, la precarización laboral y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la vivienda. Las entidades señalaron que las medidas de represión y desalojo no abordan las causas estructurales de la situación que atraviesan estas personas y criticaron la ausencia de políticas públicas que fomenten su inclusión y el ejercicio de sus derechos.

En este contexto, destacaron que la visión de Jesús sobre la dignidad humana debe guiar la respuesta a esta problemática, y llamaron a transformar las políticas públicas hacia un enfoque más inclusivo, que ponga en primer plano la escucha y el respeto por la vida de quienes más sufren. Las organizaciones también reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en la protección y el acompañamiento de las personas en situación de calle, sin dejar de señalar las debilidades en la respuesta institucional a esta problemática.

Finalmente, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los funcionarios del Estado para crear un «pacto social» que priorice a los más vulnerables y promueva una sociedad fraterna, solidaria y en paz.

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