Diego Kravetz, figura clave en la política de seguridad porteña y actual segundo de la SIDE, se enfrenta a serias denuncias por su controvertido accionar en operativos policiales. Los recientes episodios documentados no solo exponen violencia, sino también serias irregularidades legales en procedimientos que lideró como secretario de Seguridad.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 13 de agosto en la Villa 31. Según los reportes policiales, Lucas N. fue detenido en la calle portando drogas, pero un video de seguridad desmintió esta versión. Las imágenes muestran que Lucas se encontraba dentro de una peluquería cuando fue abordado por agentes de civil, incluido Kravetz, quien lo golpeó y lo sacó del local. En el mismo operativo, se registraron disparos y amenazas hacia vecinos que pedían a los policías cesar la violencia, mientras Sergio R., otro supuesto implicado, era sacado de su casa sin autorización judicial.
La defensa de Lucas N. logró probar la falsedad de los informes policiales, y el camarista Sergio Delgado afirmó que las pruebas eran insuficientes y las detenciones arbitrarias. Sin embargo, su postura fue desestimada por otros jueces, quienes alegaron que no había perjuicio irreparable en el proceso.
El caso toma aún más relevancia debido al contexto. Según testimonios, este tipo de operativos, conocidos como “procedimientos de saturación”, habrían sido utilizados como herramientas de control social en barrios vulnerables, con la participación directa de figuras políticas como Kravetz. Las denuncias también alcanzan a otros funcionarios, como Waldo Wolff, quien era el ministro de Seguridad porteño en ese momento.
En paralelo, Kravetz enfrenta otra causa por golpear a un adolescente detenido el 17 de octubre, acusado de intentar robar un celular. Aunque no se encontraron pruebas contra el joven, el video del ataque encendió el debate sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de los funcionarios.
Diferentes sectores sociales, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos han sumado denuncias y exigen explicaciones. Entre ellos, la defensora de los Derechos de los Niños, Marisa Graham, quien destacó la necesidad de investigar el accionar no solo de Kravetz, sino de todos los involucrados en estos operativos.
A pesar del escándalo, Kravetz ha optado por el silencio, mientras las investigaciones avanzan. Este nuevo episodio plantea serias preguntas sobre el manejo de la seguridad y el rol de las fuerzas en barrios vulnerables, dejando en evidencia un modelo de actuación que parece priorizar la represión sobre el respeto a los derechos humanos.
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