El reciente escape de 17 detenidos en Liniers no es un caso aislado. Durante este año, las fugas de reclusos en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires han puesto en jaque la gestión de las autoridades porteñas. Solo en noviembre, ocurrieron dos escapes de grandes proporciones que generaron un fuerte impacto público y político.
El 11 de noviembre, 11 presos huyeron de una alcaidía en Barracas, aprovechando un corte de electricidad que dejó el lugar a oscuras. Los reclusos lograron acceder al techo y escapar a través de una claraboya. De los evadidos, dos fueron recapturados en situaciones insólitas: uno mientras buscaba a su pareja víctima de violencia de género y otro cuando intentaba cometer un robo. Sin embargo, la mayoría aún permanece prófuga.
Semanas antes, otros cuatro detenidos escaparon del anexo de la Alcaidía 4 en Nueva Pompeya. En agosto, dos reclusos lograron evadirse de la comisaría 12C en Villa Urquiza, limando barrotes y huyendo por una ventana. Además, a principios de año, se registraron tres fugas masivas en diferentes dependencias porteñas.
Las causas detrás de estas fugas apuntan a la sobrepoblación y las condiciones deficientes en las instalaciones carcelarias. Según las autoridades locales, la falta de espacio en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) obliga a mantener a detenidos con condena firme en comisarías y alcaidías de la Ciudad, muchas de las cuales no están preparadas para alojarlos de manera segura.
En respuesta a estos eventos, la gestión porteña implementó cambios en la cúpula policial, designando a Pablo Kisch como jefe y a Jorge Azzolina como subjefe. También se creó la Dirección Autónoma de Alcaidías, que quedó a cargo del comisario mayor Adrián Ochoa, quien más tarde fue destituido tras los episodios de fugas.
Los repetidos escapes han generado preocupación no solo por la seguridad de los vecinos, sino también por la efectividad de las políticas carcelarias en la Ciudad, un tema que seguirá siendo central en la agenda de las autoridades.
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