El gobierno decidió tomar medidas drásticas en respuesta a las protestas y asambleas organizadas por los trabajadores de Intercargo, tras el despido de un empleado y la falta de atención a sus demandas salariales. Este jueves, en un acto que sorprendió a muchos, Manuel Adorni, vocero de la administración, calificó a los gremialistas de «terroristas sindicales» y anunció la posible intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para reemplazar a los trabajadores en sus tareas de rampa en los aeropuertos.
Adorni aseguró que «el terrorismo sindical no tomará de rehenes a los pasajeros ni afectará sus viajes». Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó esta postura, indicando que la PSA, junto a otras fuerzas de seguridad, intervendrá en el manejo de equipaje y el servicio de rampas en los aeropuertos, sin el cumplimiento de los protocolos de seguridad tradicionales. Esto suscitó la alarma de Edgardo Llano, de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos (APA), quien señaló que el gobierno está dispuesto a violar normas internacionales de seguridad para imponer su agenda.
Este conflicto se enmarca en una política de desregulación que, según lo mencionado por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, pretende «modernizar» el sector aéreo. Sin embargo, los gremios temen que la verdadera intención del gobierno sea el desmantelamiento de Aerolíneas Argentinas y la venta de Intercargo a entidades privadas, favoreciendo a conglomerados específicos en detrimento de la seguridad laboral y operativa del transporte aéreo nacional.
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