La UCR vive momentos de alta tensión interna y externa después de un ataque a su sede en el barrio de Congreso y de las declaraciones del Presidente que atribuyó el incidente a una posible autoagresión para ocultar documentos en medio de auditorías a universidades. El atentado dejó destrozos en la oficina del senador Martín Lousteau, y figuras de la UCR, como Juan Manuel Casella, han acusado al Gobierno de incitar indirectamente la violencia con un discurso hostil hacia la oposición.
Tras el ataque, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, contactó a Lousteau por mensaje de texto para informarle sobre la cooperación con la policía de la Ciudad. Lousteau le agradeció el gesto, pero le expresó su confusión ante las acusaciones del Presidente. La ministra no ofreció más respuestas, lo que ha generado incertidumbre y críticas dentro de la UCR.
A pesar de la división interna, los gobernadores radicales dialoguistas han decidido reunirse con Milei en la Casa Rosada, mostrando un pragmatismo que contrasta con las posturas más confrontativas de otros sectores del partido. Por otro lado, el diputado Juliano, en desacuerdo con el mandatario, instó a no avalar la violencia y rechazó las acusaciones del Presidente como «provocaciones intencionadas». La reunión refleja la creciente disputa dentro de la UCR sobre su relación con el Gobierno, mientras que el partido se debate entre la colaboración pragmática y la defensa enérgica ante las acusaciones.
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