En medio de la controversia generada por el presupuesto destinado a las universidades, el Gobierno nacional está evaluando una medida que podría transformar radicalmente la estructura del sistema educativo superior: la transferencia de las universidades nacionales a la órbita de las provincias. Según se filtró desde el entorno presidencial, la administración de Javier Milei estudia la posibilidad de delegar la responsabilidad de las instituciones universitarias a cada jurisdicción, lo que implicaría un cambio significativo en el modelo de financiamiento y gestión.
La propuesta, que ha generado preocupación en distintos sectores, sugiere que el Estado nacional mantendría un aporte mínimo a las provincias, dejando a estas la tarea de gestionar el resto de los recursos necesarios. Este nuevo esquema abre la puerta a la implementación de aranceles en las universidades, un cambio drástico respecto al sistema actual de educación gratuita y pública.
De concretarse esta iniciativa, las provincias se enfrentarían a un desafío financiero considerable, ya que tendrían que asumir costos que hasta ahora eran cubiertos por el presupuesto nacional. Esta medida podría afectar particularmente a gobernadores como Axel Kicillof y Jorge Macri, quienes se verían en la necesidad de reestructurar sus presupuestos locales para sostener el funcionamiento de las universidades en sus territorios.
El análisis de esta propuesta se da en un contexto de conflicto con el sector educativo, que alcanzó su punto más álgido tras el anuncio del presidente de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley, que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, obligaba al Ejecutivo a actualizar periódicamente los fondos destinados a las universidades para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión, ajustándolos a la inflación cada dos meses.
A pesar de las críticas, desde el entorno gubernamental aseguran que el veto es una decisión tomada y que se haría efectivo tras finalizar las negociaciones paritarias en curso. En este marco, se espera una movilización masiva el 2 de octubre, mientras que el veto debe publicarse a más tardar el 3 del mismo mes. La situación se presenta tensa y con pocas perspectivas de resolución inmediata, marcando un hito en el conflicto entre el Gobierno y las instituciones universitarias.
