La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, ha presentado una denuncia ante la jueza María Servini para que investigue si el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha realizado tareas de inteligencia sobre sus integrantes y sobre los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). Esta acción se tomó luego de que Alejandra Monteoliva, funcionaria del ministerio, afirmara que estaban monitoreando a los rescatistas y a quienes asistían a los heridos en las movilizaciones.
El incidente que motivó la denuncia fue el ataque sufrido por Fabrizia, una niña de diez años, durante una protesta en el Congreso. Inicialmente, un video circuló señalando a una mujer de naranja como la agresora, pero se comprobó que fue un policía quien lanzó gas lacrimógeno a la menor. La CPM también acusó a la Policía Federal de intentar encubrir el hecho con material manipulado.
La denuncia fue ampliada, señalando que podría estar en marcha un sistema de espionaje ilegal, basado en la obtención de registros fílmicos de manifestantes sin identificación oficial. Esto viola la normativa sobre el uso de armas no letales y el respeto a los derechos humanos en manifestaciones, según advirtió la CPM.
Además, el organismo subrayó la gravedad de las declaraciones de Monteoliva, quien sugirió que las personas vestidas de naranja podrían estar infiltradas. Estas afirmaciones, sumadas a los intentos de vincular a rescatistas con actos de violencia, han despertado alertas sobre la legalidad de las acciones del Ministerio de Seguridad y el posible uso indebido de información personal en manifestaciones públicas.
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