El protocolo para el mantenimiento del orden público, instaurado por el gobierno libertario en diciembre de 2023, sigue siendo un tema central de debate en los tribunales argentinos y en la esfera internacional. Diversos jueces y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por las implicaciones de esta normativa, que ha sido utilizada para reprimir numerosas protestas sociales en todo el país.
Dos causas judiciales cuestionan la legalidad del protocolo. Una de ellas, en manos del juez Martín Cormick, se enfoca en la vulneración de derechos constitucionales como la libertad de expresión y de protesta. En paralelo, el juez Sebastián Casanello también ha intentado frenar la implementación de esta normativa, aunque la causa ha llegado a la Corte Suprema sin una resolución clara hasta el momento. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha presentado un recurso de amparo colectivo denunciando que el protocolo atenta contra derechos fundamentales, lo que ha derivado en investigaciones ante organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas. Las cifras son alarmantes: en el informe «Bala y Cárcel», el CELS reportó que más de 665 personas fueron heridas en manifestaciones en Buenos Aires, con decenas de periodistas agredidos y detenciones arbitrarias en diferentes puntos del país. Esta situación ha generado un fuerte rechazo de la comunidad internacional y de sectores opositores, que consideran que el gobierno utiliza el miedo y la represión como herramientas para desmovilizar a la sociedad.
En este complejo escenario, las organizaciones sociales y los jubilados continúan siendo los principales actores en las calles, resistiendo el ajuste económico y la represión estatal.
Autor
