Patricia Bullrich no se detiene. Tras el asesinato de Rafael Nahuel en el sur del país, la ministra de Seguridad ha decidido crear una fuerza especial dedicada a «proteger» a las grandes empresas de supuestas amenazas. El «Comando Unificado de Seguridad Productiva», como lo ha denominado Bullrich, estará encargado de resguardar a petroleras, cerealeras, mineras y otros grandes actores industriales de posibles intrusiones por parte de pueblos originarios, en especial los mapuches.
Esta decisión se enmarca en una creciente ofensiva del gobierno contra los reclamos territoriales de las comunidades originarias. La ministra ha vuelto a reflotar su discurso sobre la «amenaza» que representan estas comunidades, utilizando el aparato estatal para defender los intereses de las corporaciones. El comando especial es la última medida de una larga lista que ha puesto en marcha para reprimir manifestaciones y ocupaciones de tierras.
Además de su cruzada contra los pueblos originarios, Bullrich ha buscado afianzarse dentro del gobierno defendiendo los fondos reservados para la nueva SIDE, justificando la necesidad de tecnología avanzada para combatir «narcoterroristas» y otros grupos criminales. Sin embargo, no ha ofrecido pruebas que respalden la existencia de estas amenazas ni ha explicado por qué estas compras no pueden ser transparentes. A la ministra parece no preocuparle el creciente escepticismo en torno a su gestión y la falta de rendición de cuentas.
Bullrich ha cometido otros errores significativos en su rol como vocera del gobierno, incluyendo una retractación pública sobre una denuncia falsa que había hecho sobre la compra de vacunas por parte del Estado. La ministra había acusado a Hugo Sigman de irregularidades en la compra de vacunas AstraZeneca y Pfizer, solo para admitir posteriormente que no había evidencias que respaldaran su acusación. A pesar de ello, continúa enfrentando demandas millonarias por los daños causados por su falsa denuncia.
El objetivo de Bullrich está claro: ser la mano dura de un gobierno que prioriza la represión y la protección de los intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades vulnerables y los jubilados que protestan por sus condiciones.
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