El Congreso argentino enfrenta una semana repleta de desafíos para el gobierno, con un enfoque particular en la reforma electoral de la Boleta Única en Papel (BUP). La Cámara de Diputados se enfrentará el miércoles a un debate arduo sobre el veto presidencial a la reforma jubilatoria, que promete ser reñido y con movilizaciones en las calles. El jueves, el Senado se prepara para lo que podría ser una semana de derrotas para el oficialismo, con el rechazo del DNU sobre los fondos reservados de la SIDE y la aprobación del financiamiento universitario.
No obstante, el oficialismo espera una posible victoria en la Cámara alta con la aprobación de la BUP, una reforma que ha sido impulsada por Juntos por el Cambio desde hace tiempo. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villaruel, ha solicitado que la sesión del jueves no sea una derrota total para el gobierno, buscando al menos una victoria parcial.
El acuerdo de Villaruel con el radicalismo y otros aliados provinciales tiene como objetivo minimizar las derrotas del oficialismo en los temas debatidos en la semana. La BUP, que había sido aprobada por la oposición en junio de 2022, ahora se encuentra en una fase crucial para su avance. A pesar de la ausencia de Villaruel en la sesión de 2022, el proyecto ha sido respaldado por La Libertad Avanza y se ha mantenido en el debate legislativo.
El proyecto propone un sistema de votación simplificado, en el que un único instrumento de votación muestra toda la oferta electoral, similar al formato implementado en Córdoba. La propuesta busca reducir la confusión y los costos asociados con el sistema electoral actual.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación de la BUP no está exento de dificultades. La oposición del presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y la exigencia de la senadora Mónica Silva de modificar el proyecto complican el proceso. Esta modificación podría llevar el proyecto de vuelta a la Cámara de Diputados, añadiendo incertidumbre a su implementación en las elecciones de 2025. El tiempo es un factor crítico, ya que la norma debe ser aprobada antes de febrero para no perder estado parlamentario y asegurar su aplicación en el próximo ciclo electoral.
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