El Gobierno ha reiterado su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario si esta es aprobada por el Senado. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, aseguró en una reciente entrevista que cualquier norma que genere gastos sin los recursos necesarios será rechazada, en línea con la política fiscal del actual gobierno. «El Ejecutivo no permitirá que leyes que incrementen el déficit fiscal sin financiamiento adecuado sean promulgadas», expresó.
Este posible veto se sumaría al reciente rechazo de la Ley de movilidad jubilatoria, marcando un segundo conflicto legislativo en menos de un mes. La Ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales en función del aumento de la inflación, lo que para el Ejecutivo representa un gasto excesivo en un contexto de ajuste fiscal.
Francos subrayó que el Gobierno cuenta con el respaldo de gran parte de la sociedad para mantener el control sobre el déficit fiscal. La ley establece que las universidades recibirían ajustes bimestrales en sus presupuestos durante el 2024, con un impacto económico significativo: solo en actualización de partidas, el costo sería superior a los 210 mil millones de pesos para el 2023, mientras que los salarios representarían un gasto cercano a los 441 mil millones.
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