Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han lanzado una advertencia: a partir de septiembre, los servicios de colectivos podrían interrumpirse si no se llega a un acuerdo sobre los subsidios entre el Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Esta falta de consenso está generando un clima de incertidumbre que podría impactar directamente en la frecuencia y disponibilidad de los servicios, afectando a millones de pasajeros.
En un comunicado reciente, varias organizaciones del sector, como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), expresaron su preocupación por la situación actual. Aunque el 12 de agosto se implementó un aumento tarifario del 37%, las empresas señalaron que esta medida no ha aliviado la crisis financiera que enfrentan, ya que dicho ajuste está diseñado principalmente para reducir los subsidios y no para mejorar la viabilidad económica de las compañías.
Según los representantes de estas entidades, los operadores de colectivos están recibiendo un promedio de $862 por viaje entre tarifas y subsidios, cifra que consideran insuficiente para cubrir las necesidades de inversión que requiere el sistema de transporte del AMBA. Además, denunciaron que no han recibido comunicaciones claras de parte de las autoridades sobre cómo proceder en caso de que se reduzcan los subsidios sin un ajuste tarifario compensatorio.
Como medida preventiva, las empresas han decidido reducir los servicios durante las noches y los fines de semana a partir de la próxima semana. Esta decisión busca evitar una parálisis total del servicio, aunque ya se ha registrado una pérdida del 5% en las frecuencias, porcentaje que, advierten, podría seguir aumentando si no se encuentra una solución pronta. «La tarifa actual solo cubre el 20% del costo real de los servicios», señalaron, subrayando que la situación también pone en riesgo la continuidad de los empleos en el sector.
Otra de las críticas expresadas por las cámaras empresarias se centra en la «distribución irregular» de los subsidios, señalando que el Grupo DOTA ha recibido más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022. Esta situación, afirman, ha contribuido a agravar la crisis del transporte y continúa siendo un factor de conflicto hasta que no se rectifique.
Ante este escenario, las empresas del AMBA hacen un llamado urgente a las autoridades para resolver el conflicto y garantizar tanto la continuidad del servicio como la estabilidad laboral de miles de trabajadores. La resolución de esta situación es crucial para evitar un colapso en el sistema de transporte, que podría dejar a millones de usuarios sin una opción de movilidad confiable en el corto plazo.
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