En un nuevo episodio de alta tensión política, el Senado de la Nación aprobó la ley que establece la nueva fórmula jubilatoria, obteniendo un respaldo mayoritario de 61 votos a favor, 8 en contra y tres ausencias. Esta normativa, que ajusta las jubilaciones y pensiones en un 8,1%, vincula su actualización al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla un aumento adicional anual.
La sesión estuvo marcada por la ausencia de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y la amenaza latente del presidente Javier Milei, quien había anticipado su intención de vetar la ley si era aprobada. Durante la sesión, Milei retuiteó un mensaje del subsecretario de prensa, Javier Lanari, en el que se advertía que «el equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico» y que cualquier medida que lo afecte sería vetada. En línea con esta postura, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que, de ser aprobada la ley «como está prevista en el despacho de comisión, seguramente se va a vetar».
A pesar de las advertencias, la ley fue aprobada, lo que podría derivar en un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ya que este último tiene la facultad de insistir con la promulgación de la ley vetada si obtiene una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
El debate en el Senado estuvo marcado por intensas intervenciones. Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria, abrió la discusión señalando que «el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país» y subrayó la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los jubilados. Recalde calificó la aprobación de la ley como un acto de justicia y reparación, destacando que la pérdida del poder adquisitivo ha afectado gravemente a los jubilados, quienes hoy pueden comprar mucho menos con sus haberes.
Por su parte, Martín Lousteau, diputado del radicalismo, defendió enérgicamente el proyecto impulsado por su bloque, afirmando que es un acto de justicia mínima para los jubilados, cuyos haberes han perdido un 45% de su valor real desde 2017. Lousteau criticó la postura del presidente Milei, señalando que «si se les fue la mano con el ajuste», significa que hay personas que están sufriendo las consecuencias.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el senador Bruno Olivera Lucero propuso, a través de un dictamen de minoría, la eliminación de varios artículos del proyecto, sin éxito. Olivera Lucero cuestionó la efectividad de la fórmula propuesta, argumentando que no garantizaba la protección de los jubilados.
En su intervención, la senadora Juliana Di Tullio respondió a las amenazas de Milei, rechazando las acusaciones de «degenerados fiscales» dirigidas a quienes apoyaban la ley. Di Tullio acusó al presidente de ser un «degenerado social», responsabilizándolo por el aumento de la pobreza y la indigencia en el país.
La ley aprobada establece, entre otros puntos, que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica para un adulto mayor, introduce un pago extra del 8,1% para compensar la inflación de enero, y ajusta la movilidad jubilatoria al IPC y al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Además, contempla una actualización semestral y un incremento adicional en marzo de cada año.
La ley también prevé que las deudas de las cajas previsionales provinciales sean cubiertas por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales.
Autor
