Operativo Rebelión: Peronismo une fuerzas con bloques dialoguistas en medio de escándalos en el Congreso
Unión por la Patria trabaja intensamente para expulsar a los diputados que visitaron a represores y derogar decretos que reestructuraron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y asignaron 100 mil millones de pesos para fondos reservados. Para lograrlo, busca apoyo del radicalismo, el pichettismo y hasta del PRO.
Una creciente preocupación se instala en Unión por la Patria: el gobierno está sintiendo el impacto de recientes escándalos. Primero, la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para fotografiarse con Alfredo Astiz. Luego, el rechazo al decreto que asigna 100 mil millones de pesos a los fondos reservados de la AFI. Estos eventos han permitido al peronismo encontrar aliados en el radicalismo, el pichettismo y hasta en el PRO. Ahora, la bancada liderada por Germán Martínez busca aprovechar esta situación para tomar medidas decisivas.
El objetivo principal es la expulsión de los seis diputados libertarios que visitaron a represores. Aunque aún no tienen los votos necesarios para expulsarlos, están cerca de lograr una mayoría para crear una comisión investigadora. Derogar el decreto que reestructuró la AFI y el que asignó los fondos reservados será más complicado, pero ya han iniciado las conversaciones.
Germán Martínez, líder de Unión por la Patria, explica que no ha podido avanzar con la derogación del megadecreto desregulador de Javier Milei porque le faltan 20 votos. La bancada peronista sostiene que ni el radicalismo, ni Hacemos Coalición Federal, ni las bancadas provinciales están dispuestos a formar mayorías opositoras con el kirchnerismo. La base de votos negativos es siempre la misma: 99 de Unión por la Patria, 5 del Frente de Izquierda, dos socialistas santafesinos y Natalia de la Sota. Hasta que no cambie el clima social, los aliados del gobierno no querrán dar quórum con ellos.
En las últimas semanas, dos eventos han cambiado la dinámica del Congreso. Primero, la noticia de que seis diputados oficialistas viajaron en un auto oficial del Congreso al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad. Unión por la Patria busca expulsarlos de la Cámara de Diputados y, frente a la negativa de Martín Menem de emitir sanciones, ha encontrado apoyo en el resto de la oposición.
El principal objetivo de Germán Martínez es aprobar en la sesión del 7 de agosto la convocatoria de una comisión especial que investigue el accionar de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. La comisión estará integrada por cinco personas encargadas de investigar cómo se organizó la visita oficial, quién autorizó el uso del auto del Congreso y cuál era el objetivo de la reunión. El principal señalado es Benedit, organizador de la excursión, pero también se investiga a Montenegro y Ferreyra, quienes ya habían acompañado a Benedit en visitas a represores en Campo de Mayo.
La última vez que se aplicó el artículo 188 del reglamento de la Cámara, que habilita la comisión investigadora, fue con Juan Ameri en 2020. Ameri protagonizó un escándalo sexual durante una sesión virtual por Zoom en plena pandemia. En tiempo récord, la Cámara de Diputados convocó a la comisión, que lo suspendió. Antes de que el tema llegara al recinto, Ameri renunció.
En este caso, los tiempos son más largos. Unión por la Patria presentará su proyecto de resolución al inicio de la sesión del 7 de agosto y, si logra una mayoría simple, Menem estará obligado a conformar la comisión investigadora. Hasta ahora, Unión por la Patria cuenta con el respaldo de algunos dirigentes del radicalismo, la Coalición Cívica e incluso del PRO. Los aliados de La Libertad Avanza insisten a Menem para que sancione a los diputados: «Si vamos a una votación, van a perder», aseguró un dirigente de Hacemos Coalición Federal.
Operativo rechazo de DNUs de Inteligencia
Unión por la Patria también se enfoca en rechazar los dos decretos emitidos por Milei relacionados con los aparatos de inteligencia. El primero reorganiza la estructura de la AFI y el segundo asigna 100 mil millones de pesos adicionales a los fondos reservados de la nueva AFI. Para rechazarlos, Unión por la Patria debe esperar el plazo de 10 días que tiene el Ejecutivo para enviar los decretos a la Bicameral de Trámite Legislativo.
A diferencia del megadecreto 70/2023, el escenario para rechazar el decreto que incrementó los fondos reservados es más favorable. El jueves, el pichettismo y la Coalición Cívica cuestionaron fuertemente el decreto 656, pidiendo su rechazo y asegurando tener los votos para derogarlo. Martínez ya ha iniciado conversaciones con Nicolás Massot y otros líderes de la oposición, y confía en que esta vez sí, la Cámara de Diputados podrá derogar un decreto de Milei. La situación es distinta para el decreto que reestructuró la AFI, pero Unión por la Patria espera sumar apoyos a medida que avanzan las conversaciones.
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