El juez federal en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, ha decidido activar la feria judicial para ejecutar una medida cautelar que obliga al gobierno a reactivar los programas alimentarios que fueron discontinuados desde febrero. Esta acción responde a una solicitud presentada por la UTEP y el CELS, actuando conjuntamente en la causa.
La medida responde a un fallo previo del juez Lara Correa, quien ordenó al gobierno de Javier Milei asegurar de manera eficaz y sostenible el derecho a una alimentación adecuada para cientos de miles de personas, principalmente niños, niñas y adolescentes, que se vieron afectados por el desabastecimiento en los comedores comunitarios.
El fallo de Lara Correa subraya la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación, instando al Ministerio de Capital Humano a continuar con los planes y programas vigentes, sin interrupciones injustificadas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del caso.
Esta decisión judicial busca garantizar que no haya dilaciones ni recortes significativos en la prestación alimentaria, asegurando que las políticas públicas destinadas a este fin se ejecuten de manera efectiva y conforme a las normativas vigentes.
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