El juez federal Walter Lara Correa ha concedido una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), obligando al Ministerio de Capital Humano a garantizar el derecho a la alimentación. Esta decisión fue celebrada por el dirigente social Juan Grabois.
El juez Lara Correa dictaminó que el Gobierno no puede modificar los planes y programas alimentarios vigentes, aunque permite la reestructuración y creación de nuevos programas complementarios, siempre que representen mejoras. La resolución subraya que los comedores comunitarios son una red de contención esencial para los grupos socialmente vulnerables y empobrecidos de la población, que requieren cuidados especiales de manera inmediata.
La Justicia ha advertido a la ministra Sandra Pettovello que debe cumplir estrictamente con los programas alimentarios y presentar informes mensuales sobre las políticas implementadas. Juan Grabois, fundador y referente de UTEP, calificó la resolución como «un freno al plan de miseria planificada» y destacó la importancia de que el Gobierno acate esta medida, asegurando que el incumplimiento podría resultar en nuevas sanciones por desobediencia.
La medida cautelar también fue apoyada por la Defensoría Pública Oficial Federal, representada por Florencia Plazas, en nombre de todos los niños, niñas y adolescentes afectados por la falta de acceso a una alimentación adecuada debido a las medidas del Ministerio de Capital Humano.
Juan Grabois recordó que desde diciembre varios comedores comunitarios dejaron de recibir alimentos, lo que llevó a la UTEP a iniciar acciones legales en febrero y presentar denuncias penales contra la ministra Pettovello. La medida cautelar es un paso crucial para asegurar la ejecución de los fondos asignados a los programas de alimentación y los fondos proporcionados por el Programa de Naciones Unidas.
Finalmente, Grabois enfatizó que esta decisión judicial se produce en un contexto de creciente pobreza y precariedad laboral, según los datos oficiales. Además, recordó la necesidad de una sentencia que exija al Estado cumplir permanentemente con las políticas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642.
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