En un movimiento que reaviva una larga controversia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han presentado un proyecto para reducir la edad de imputabilidad en Argentina. Actualmente establecida en 16 años, esta propuesta busca llevar a los tribunales penales a adolescentes de 13 años en adelante que cometan delitos en el país.
El proyecto, anunciado el pasado viernes, forma parte de los esfuerzos del gobierno por fortalecer su agenda de seguridad desde su llegada a la Casa Rosada. Aunque el gobierno argumenta la necesidad de enfrentar casos impactantes de delincuencia juvenil, como el reciente asesinato de un playero en Rosario por un adolescente de 15 años, las respuestas concretas sobre la prevención del ingreso de menores a actividades delictivas organizadas siguen siendo vagas.
En Argentina, solo el 1% de los delitos graves son cometidos por menores de 16 años, planteando dudas sobre la efectividad real de esta medida para combatir la inseguridad. Además, expertos y organismos internacionales como UNICEF señalan que experiencias similares en otros países no han reducido la delincuencia juvenil ni han prevenido nuevos delitos.
La propuesta también enfrenta desafíos logísticos significativos, como la capacidad del sistema penal juvenil para absorber un potencial aumento en el número de jóvenes procesados, especialmente en un contexto de reducción de personal estatal.
El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad promete ser uno de los temas más candentes en el Congreso en los próximos meses, planteando interrogantes sobre el enfoque del gobierno hacia la seguridad y la prevención del delito, más allá de simples soluciones de corto plazo.
Autor
