El Gobierno nacional ha oficializado mediante decreto el cierre definitivo de la agencia de noticias Télam, la cual será transformada en una sociedad anónima con la función exclusiva de gestionar la publicidad estatal. Funcionarios gubernamentales han celebrado esta medida.
El presidente Javier Milei promulgó el Decreto 548/2024, publicado en el Boletín Oficial, que dispone la conversión de Télam Sociedad del Estado en la Sociedad Anónima Unipersonal denominada Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.), bajo la jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta transformación implica que la agencia dejará de ofrecer servicios periodísticos y de funcionar como agencia de noticias.
Según el decreto, Télam «dejará de operar en las actividades de servicios periodísticos y como agencia de noticias, alineando sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar exclusivamente como Agencia de Publicidad y Propaganda».
En cuanto al personal de la agencia, se ha ordenado a la intervención de la empresa adoptar las medidas necesarias para transferir los servicios periodísticos y de agencia de noticias, así como el personal, bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes afectados al uso de dichos servicios, a medios públicos y/o terceros según se determine.
Diego Chaher, quien se desempeñaba como interventor de varias entidades relacionadas, incluyendo Télam, ha dejado su cargo para ocupar la secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Por otro lado, se ha prorrogado por 180 días la vigencia del artículo 51 del mega DNU 70/23, lo que permite al Gobierno Nacional continuar transformando sociedades o empresas con participación estatal en sociedades anónimas, como parte de un esfuerzo para abordar el déficit fiscal generado por las empresas públicas.
El Decreto 553/2024 establece que «iniciado dicho proceso se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones», justificando la necesidad de modificar su estatus jurídico.
Esta medida forma parte de un plan más amplio del Gobierno para reestructurar y optimizar las entidades estatales en aras de una gestión más eficiente y alineada con objetivos estratégicos.
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